Algo sobre la historia de la protección de nuestro legado arqueológico

    Una discusión que he tenido en una buena cantidad de ocasiones es aquella en que se dice la consabida frase de "...es que el Gobierno no hace nada..." de allí comienza la cosa pues siempre he pensado que más bien el Gobierno hace mucho, lo que sucede es que, para bien o para mal, nuestro pasado es tan rico, que no bastaría el presupuesto de cada ejercicio fiscal para rescatar todo lo que hay sea prehispánico que colonial, por lo tanto esto se vuelve selectivo, se tendría que enfocar, todos los dineros de la Secretaría de Educación Pública (en dónde está localizado el INAH) para fin de comenzar un rescate profundo, es decir, nos quedamos sin educación y con muchas zonas arqueológicas. Si tu caes en este tipo de discusiones, te sugiero leer esto que encontré en la red y que nos dice mucho de lo que se ha hecho más allá de los 75 (ya 76) desde la creación del mencionado Instituto.

  "Aunque la ley por la cual se crea el INAH entra en vigor apenas en 1939, hay una larga tradición en nuestro país en cuanto a los intentos de protección del patrimonio arqueológico. Las primeras formas de protección del patrimonio cultural en general y arqueológico en particular, se remontan al periodo virreinal, como una respuesta de la metrópoli española al saqueo de sitios y vestigios indígenas por parte de los conquistadores y colonizadores europeos; así tenemos los ordenamientos de la Corona de 1531 y 1538 en el sentido de evitar la destrucción de adoratorios e "ídolos" de los pueblos conquistados, evidentemente con un afán económico, orientado a preservar derechos reales, entre ellos el quinto real (Olivé, 1980)".

 "Las tareas evangelizadoras también requirieron, por parte de la Iglesia, profundizar en el conocimiento de las culturas prehispánicas, lo que coadyuvó a la preservación y estudio de lenguas, costumbres y tradiciones. En las postrimerías de los siglos XVIII y albores del XIX, de la mano con los ideales independentistas criollos, se buscó enaltecer y validar un pasado indígena que diera coherencia a su concepto de nación, a esto contribuyeron trabajos de destacados científicos ilustrados como Antonio León, Antonio Alzate y Lorenzo Boturini (Lombardo y Solís, 1988). De la misma manera, hallazgos como los acontecidos en 1792, referentes a la Piedra del Sol y la Coatlicue, encontrados en el primer cuadro de la Ciudad de México, despertaron la polémica y la reflexión sobre la importancia de un pasado indígena omnipresente en todos los ámbitos de la sociedad novohispana".

  "En los primeros años de vida independiente se dictaron diversas leyes que buscaban proteger y acrecentar el patrimonio arqueológico, ya con un sentido claramente nacionalista; así tenemos que entre los años de 1810 y 1850 se emitieron numerosas leyes que pretendían "...la defensa y el acrecentamiento del patrimonio cultural y en las que se contempla, desde la creación de establecimientos educativos de alto nivel, hasta la de un museo nacional, cuyo primer reglamento entra en vigor en 1826." (Gertz Manero, 1977); es digno de subrayar el contenido de una circular emitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores en octubre de 1835, donde se exhorta al cumplimiento de lo contenido en el arancel de aduanas que prohíbe la extracción del país de monumentos y antigüedades mexicanas"

   "Durante el breve y controvertido imperio de Maximiliano de Habsburgo, se emitió, en noviembre de 1862, una orden que prohibía expresamente las excavaciones en monumentos arqueológicos de la península de Yucatán. Igualmente, durante sus gobiernos, el presidente Porfirio Díaz expidió, en junio de 1896 y mayo de 1897, dos decretos que normaron durante más de treinta años las exploraciones arqueológicas. También, durante el periodo revolucionario, destacan las leyes emitidas por Victoriano Huerta en 1914 y Venustiano Carranza en 1916, orientadas a la protección y conservación de objetos históricos y artísticos, así como de bellezas naturales (Ibid.)".

   "La Constitución de 1917 contempló, en su artículo 73 fracción XXV y posteriores adiciones, la protección específica de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, amén de los ordenamientos que en materia de protección y registro de bienes arqueológicos se emitieron durante los gobiernos de Emilio Portes Gil y Abelardo L. Rodríguez".

   "En 1970 se publicó la Ley del Patrimonio Cultural que fue el antecedente directo de la actual Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que desde el 6 de mayo de 1972 norma la materia que es de nuestro interés. Ahora, con las modificaciones al Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dan las condiciones para una presumible afectación del patrimonio arqueológico, lo que hace necesaria la participación del INAH, como miembro especial, en el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede)". (1)

Fuente:

Arqueólogo Pedro Francisco Sánchez-Nava. Publicado como sustento al programa Procede de la antes llamada Secretaría de la Reforma Agraria, hoy Sedatu.