Patrimonio afectado: La larga historia de la destrucción arquitectónica en México

   Esta historia sí que es larga, la de la destrucción en nuestro país. Cosa que no ocurrió en el mundo prehispánico pues la costumbre era levantar un edificio encima del otro, como claro ejemplo tenemos el Templo Mayor de Tenochtitlán, en el cual podemos apreciar esas capas constructivas en una suerte de agrandamiento del edificio. Este y todos los demás fueron destruidos durante la Conquista y la sobreposición que siguió no fue más de edificios, sino de ideas; aunque, en buena parte si se sobrepusieron, claro ejemplo lo tenemos en Cholula con un templo católico encima de un templo prehispánico. (En la foto: Templo Mayor, detalle visto desde la Plaza Gamio.)

   Temblores e inundaciones entraron en acción, templos, conventos y, seguramente, la obra civil se vinieron abajo o quedaron imposibles de usar por los efectos naturales. A ello agregamos las envidias y celos, los abusos de unos y otros y, cuando ocurre la expulsión de los jesuitas su nutrido patrimonio entro en deterioro, algunos inmuebles como los templos y colegios, fueron traspasados y mantenidos hasta nuestros días, pero muchas de sus 120 haciendas cayeron en el abandono y poco a poco se desmoronaron, poco quedó de esa riqueza arquitectónica y patrimonial. (Hacienda de San José Cieneguilla)

   A esto siguió una larga etapa de inestabilidad política y económica que inicia con la independencia y continúa por varias décadas hasta que, en 1860 se proclaman las Leyes de Reforma con su consecuente secularización, del basto patrimonio que la Iglesia poseía, unos inmuebles entraron en remate, otros derribados, una nueva oleada de pérdida patrimonial se sumó a esta  historia. (La poco que queda del Convento Grande de San Francisco en CDMX.)

   Entrado el siglo XX ocurrió otra pérdida patrimonial, por un lado los asaltos, saqueos, incendios, entre otras cosas, destruyeron algunos templos y muchas haciendas de campo, la puntillada final llego en la década de los treinta cuando Cárdenas proclama la expropiación de las haciendas y fincas de campo, si bien se estipuló respetar la casa grande y repartir lo que propiamente eran las tierras de labor, muchas fueron invadidas, segmentadas y, ante los costos que implicaba el mantenimiento de esas monumentales construcciones, se fueron desmoronando poco a poco hasta desaparecer o quedar apenas cimientos y alguna que otra pared. (Ex Hacienda Manduano, Apaseo el Alto, Gto.)

   Y si el reparto agrario de 1936 provocó la pérdida patrimonial de las fincas de campo, el sismo de 2017 hizo lo propio con el patrimonio que quedaba por los rumbos de los volcanes, el Popo y el Iztla, afectando templos y conventos del rumbo.

  "Las condiciones del patrimonio histórico y arqueológico de Morelos, uno de las cinco estados más afectados con el sismo del 19 de septiembre, “son críticas pero recuperables”, afirmó Isabel Campos Goenaga, titular del Centro INAH Morelos, donde se han identificado al menos 300 inmuebles dañados, incluidos los 11 monasterios de la Ruta de los Conventos, que forman parte de la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco desde 1994.

   El sismo fue muy fuerte en todo el estado, hemos detectado que la mayoría de monumentos tiene un nivel de afectación que puede variar entre pequeñas grietas, aplanados que se han caído, y son muy aparatosas, pero también daños estructurales, sobre todo en monumentos religiosos, donde hay problemas en campanarios; por el peso de las campanas y el tipo de temblor se cayeron las espadañas o algunas cúpulas, que cayeron todas o alguna se rompió el tambor y se insertaron en la bóveda”, señaló.

   En el caso de los conventos reconocidos por la Unesco y que se dañaron, Campos dijo que “todos tienen afectación”. Se trata de un conjunto arquitectónico compartido con Puebla que incluye 11 edificios en territorio morelense: el de San Mateo Atlatlahucan, de La Asunción en Cuernavaca, Santo Domingo Hueyapan, Santo Domingo Oaxtepec, Santiago Apóstol Ocuituco, La Natividad en Tepoztlán, San Juan Bautista en Tetela del Volcán, San Guillermo Totolapan, San Juan Bautista en Yecapixtla, Santo Domingo Tlayacapan y La Inmaculada Concepción en Zacualpan de Amilpas. (Fundación ILAM)

El martes, 18 de Septiembre de 2018, INAH informaba que: “A casi un año de los sismos del 7 y 19 de septiembre, la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), ha realizado una titánica labor en la recuperación del patrimonio cultural afectado por estos fenómenos naturales, que se traduce en la restauración y entrega de más de 450 inmuebles.

Actualmente se intervienen más de 747 y la próxima apertura de nuevos frentes de obra en más de mil 240 edificaciones, con proyectos ya elaborados y los expedientes ingresados a las respectivas fuentes de financiamiento. Asimismo, se tiene un avance de 95 por ciento en la atención de las 42 zonas arqueológicas afectadas.

El primer movimiento telúrico, del 7 de septiembre, dañó el patrimonio cultural de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, mientras que el del 19 causó daños en Puebla, Estado de México, Morelos, Guerrero, Ciudad de México, Tlaxcala, Hidalgo y Veracruz. El resultado, en ambos caso, fue la afectación de 2 mil 340 inmuebles con daños diversos, así como de más de 5 mil piezas de bienes muebles e inmuebles por destino. (Seguir leyendo.)

El reparto agrario en la Hacienda de San Juan Hueyapan, Hidalgo

    En un artículo anterior compartí el texto de Edith Boortein Couturier en el que plantea con el sugerente título La hacienda como víctima de la Revolución, el caso del reparto agrario en la hacienda de San Juan Bautista Hueyapan, en el estado de Hidalgo; esta vez, dando continuidad a lo que seguramente ya leíste, lo que fue la década de los años veinte del siglo XX, una vez implementado el reparto en esa región:

   Con respecto al segundo foco de descontento en la región, el Vite, la razón de su primera solicitud para obtener tierras que geográfica más que industrial. Al igual que Huasca, los cambios recientes habían agravado al problema. El Vite y su aldea hermana, San Sebastián, se hallaban localizadas en la barranca que era parte del sistema fluvial del río Meztitilán y tanto geográfica como climatológicamente eran distintas del valle de Hueyapan. Si las aldeas eran entidades separadas que merecían estatus político o si eran consideradas rancherías había sido durante mucho tiempo un punto de conflicto entre los habitantes y los hacendados.

   San Juan Hueyapan, durante los tempranos periodos de centralización, habían logrado controlar la zona de las barrancas. Con la centralización de San Juan bajo los Landero, el Vite se puso bajo control de la hacienda, aunque el control económico y la aplicación de la ley continuaron ocasionando serios problemas. Desde 1907 un administrador se lamentaba de que no sabía qué hacer “con la gente que vivía tan cerca de las barrancas y tan aislada de la hacienda”. Los arrendatarios y medieros de El Vite acusaron de cuando menos un asesinato, un daño e innumerables desapariciones de ganado, a una familia de nombre Fernández. En un esfuerzo por controlar el área, la hacienda designó un representante en El Vite. Posteriormente se introdujo el sistema de estancia y la tierra se rentó a Espiridión Yáñez, un pequeño propietario de la región. Algunos miembros de la familia Fernández fueron desalojados de El Vite mediante su arresto; otros desalojaron cuando la medianería fue sustituida por la renta de la tierra.

   Con amenaza de reforma agraria, los Landero tomaron medidas más eficaces. Antonio Perales y Ángel Fernández, dos de los miembros que quedaban en la comunidad de El Vite fueron arrestados por las autoridades de la hacienda en 1917 por robar aguamiel, el extracto del cacto que se utiliza en el pulque. Ellos negaron el cargo. Sus vecinos solicitaron al gobierno que reparara el agrario y que les concediera tierras la reacción de Landeros fue brusca. Mandó destruir las casas de El Vite en un intento por demostrar que no era la aldea; expulsó a algunos residentes de la ranchería y dispersó a los demás cediendo la propiedad a su hermana Luz L. de Arozamena. A pesar de que un ingeniero recomendó que se otorgara a El Vite el status de pueblo y que se le concediera tierras, el gobierno rechazó la petición y fue temporalmente clausurada. 

   Los primeros dos esfuerzos tentativos de reforma agraria en la región de Hueyapan no tuvieron ningún resultado. Por una combinación de inercia por parte de la comisión Agraria del Estado en el caso de Huasca y mediante la intervención del gobernador del estado para proteger los intereses de Landero en el caso de El Vite, no se distribuyó nada de tierra ante de 1920. Sin embargo, estos acontecimientos no fueron insólitos, ya que solo 180,000 hectáreas de tierra fueron repartidas a 30,000 individuos en todo México en los años anteriores a 1920.

   La reforma agraria durante los años veinte se vio afectada por las vicisitudes políticas tanto a nivel local como nacional. Algunas administraciones pusieron énfasis sobre el asunto y patrocinaron la legislación para simplificar los procedimientos y estimular a las aldeas a que solicitaran tierra. El gobierno nacional durante la época trataba todavía de ejercer un poder político estable, así como el control de la administración regional. La Reforma Agraria era un programa en torno al cual se podía alcanzar un grado de consolidación. Alentados por un gobierno permisivo, impedidos por el declinamiento de la producción minera, y presionados por una creciente población, difícilmente existía un agrupamiento de gente en la región de Hueyapan que no hubiera solicitado tierra antes de 1930

   La reacción de Pepe Landero a la crisis fue interesante y astuta. Desde 1918, cuando se registró la primera solicitud en Pachuca, el vendió las partes de tierra que podían ser afectadas por la reforma. En 1925 y 1926, registró los documentos adecuados en Atotonilco el Grande y Huasca, indicando que había subdividido toda su propiedad, evitando de este modo las expropiaciones a gran escala. Las principales beneficiarias de esta venta ficticia fueron sus hermanos, sobrina y amistades de la familia. La mayor parte de San Juan Hueyapan, por lo tanto, continuó operando como una unidad, con un solo administrador y con procedimientos unificados de mercadotecnia. Aquellas áreas que con seguridad iban a ser afectadas, o las traspasó a los pueblos o las vendió a los pequeños propietarios vecinos, quienes posteriormente cargaron con el embate más fuerte del movimiento de la reforma. El prometió dar tierra a los residentes de la hacienda si estos no se unían a los ejidos. Finalmente tomó ventaja de las leyes favorables de colonización para establecer en la hacienda a un grupo de campesinos inmigrantes germanos. Desafortunadamente, pago a los alemanes el mismo jornal que se acostumbraba pagar a los peones mexicanos, y al cabo de algunos meses, todos, menos uno habían partido. Este hecho no evitó que Landero alegara la exención de las leyes de reforma en base de su esquema de colonización.

   Aunque Pepe Landero pudo postergar su crisis, los tenedores de propiedades más pequeñas en la región no tuvieron tanto éxito. En 1925, dos terratenientes menores se vieron obligados a entregar casi 600 hectáreas al pueblo de Huasca. La pérdida fue seria, puesto que ninguno de ellos poseía más de 1,000 hectáreas. La forma como huasca recibió esta tierra se hallaba en conformidad con el patrón general del país. En 1925 se procesaron y completaron más solicitudes que en ningún año anterior, y las tierras principalmente afectadas no fueron las grandes haciendas sino las propiedades que colindaban con los pueblos. 

   El vite también recibió posesión definitiva de 790 hectáreas de tierra durante los años veinte mediante los esfuerzos de la familia Fernández, y la hacienda de San Juan se vio afectada por esta concesión. El éxito de la familia Fernández en la obtención de un ejido para el Vite, que se encontraba totalmente circunscrito dentro de las tierras de la hacienda, solo puede ser explicado por su obstinación: sentían rencor contra Pepe Landero. Esto y su interés en explotar la tierra para su propio beneficio, condujo, en 1927, a la posesión provisional del ejido.

   El pueblo de Acatlán, encabezado por miembros de la familia Olvera, hizo su primera solicitud de tierras en 1926. En vista de que Acatlán poseía ya 2,571 hectáreas, incluyendo San Dionisio (que había sido disputado con San Jun Hueyapan a lo largo del siglo XVIII) y siendo que su población permaneció relativamente estática y se vio menos afectada por la declinación en la producción minera, esta solicitud fue relativamente tardía. La solicitud fue procesada en 1928 y en 1929 Acatlán recibió 1,270 hectáreas de tierra, en gran parte de propiedades que pertenecían a José Landero, aunque él no admitiera que las tierras fueran suyas. Es importante advertir, sin embargo, que las fracciones de tierra tomadas de San Juan y de Cuyamaloya para ser entregadas a Acatlán, siempre habían sido trabajadas marginalmente, es decir, se habían rentado o utilizado para pastoreo.

Acatlán recibió tierra en 1929 principalmente debido a que en ese año se repartió más tierra a los ejidos que en ningún otro año anterior. Por cierto, este año fue el de más repartos hasta la época de Cárdenas. La actividad se volvió contagiosa. Aun las rancherías relativamente aisladas de la región hicieron solicitudes para obtener tierras. En 1929 las solicitudes de los acasillados en las rancherías del valle de Hueyapan comenzaron a llegar a Pachuca. Agua Zarca y Santo Domingo, por ejemplo, organizados por una de las familias más ricas, los Villegas (quienes eran arrendatario y medieros), solicitaron tierras.

   A pesar de las cuarteaduras en la estructura social y económica, la hacienda se conservaba casi intacta al final de los años veinte. Se había hecho frente al sistema de ejido quedando éste temporalmente diferido.

Fuente:

Boortein Couturier, Edith. La hacienda de Hueyapan, 1550-1936. Sep Setentas. SEP. México, 1976, pp. 174-181.

La hacienda como víctima de la Revolución. El caso de San Juan Hueyapan, Hidalgo.

   Es dudoso que algún miembro de la familia Landero concibiera que la revolución, que es tal o sobre el asunto de la sucesión presidencial, destruyera la hacienda.

   La pérdida familiar de la hacienda era imaginable ya fuera mediante el mal cálculo político o la mala administración económica; sin embargo, la noción de que la institución misma fuera destruida era incomprensible. Aunque había poco en la experiencia de los Landero que pudiera haberlos preparado para la destrucción de la hacienda, de manera curiosa los principales temas del pasado de San Juan, así como los asuntos que comprendían el grueso de la historia, se recibieron entre 1911 y 1940, sistematizados por la Revolución y establecidos por la destrucción de la hacienda.

   A medida que evolucionó el programa de la Reforma Agraria, los pueblos, las aldeas rurales y las pequeñas agrupaciones de gente se convirtieron en el instrumento de destrucción del sistema hacendario. Las aldeas o cualquier unidad a ellas, fueron facultadas para solicitar a las autoridades del gobierno ya fuera la restitución de la tierra legalmente tomada o la dotación de nuevas tierras.

   La ampliación y engrandecimiento de las aldeas existentes fue el principal objetivo de la reforma agraria del siglo XX. Para poder destruir las haciendas, el gobierno tuvo que reconstituir las viejas dependencias como ejidos. Además, las rancherías, algunas de las cuales se hallaban dentro de los límites de la hacienda, se convirtieron en la base para la creación de más unidades similares que podían solicitar tierra bajo los programas ejidales.

   Así pues, al desarrollarse estos agrupamientos de población y debilitarse la hacienda, el gobierno nacional intervino activamente en la vida del campo, en una forma que era reminiscente de los primeros días de la Colonia. Al igual que en el siglo XVI, el gobierno buscó controlar el desarrollo social mediante la legislación laboral, las concesiones de tierra y dictando los pormenores de la organización municipal.

   La política del gobierno central no fue consistente a través de los años. En el siglo XVII, la Corona, sin advertirlo, asistió al crecimiento de los latifundios mediante la venta de arreglos que legalizaban el control particular sobre enormes extensiones de tierra. Los núcleos de población indígena desocupaban la tierra conforme las haciendas crecían. En el siglo XVIII, el gobierno quiso reafirmar su control sobre el campo garantizando a las aldeas una posición legal separada y sirviendo como mediador en sus querellas con los hacendados.

   Durante el siglo XIX, el gobierno central tuvo que abandonar las aldeas. Del periodo de las guerras de independencia hasta 1876, la debilidad del gobierno central hizo a los hacendados los árbitros del campo. Donde las haciendas eran débiles, regían los caciques locales, y donde éstos se hallaban ausentes casi no existía gobierno. El reforzamiento del gobierno central después de 1876 representaba la liga de la dictadura nacional con los estados. Su política conjunta fue en contra de la aldea y en favor de la hacienda.

   Los gobiernos revolucionarios después de 1916, en diversos grados tendían a recrear un aspecto de la política de los gobiernos coloniales mediante la intervención activa en la organización del campo y la creación de los procedimientos legal y administrativo para que las aldeas obtuvieran tierras.

   Con respecto a la región de Hueyapan había dos temas: la recreación de los antagonismos entre la aldea y la hacienda y el reforzamiento de los poderes del gobierno central. A estos temas se venía a sumar un tercero: la vieja relación de mercado con las minas de Pachuca y Real del Monte que continuó influenciando en el desarrollo del siglo XX. Aunque las minas continuaron trabajando, el cierre de las refinadoras en 1905 rompió con las relaciones específicas. La propiedad común de las minas y las instalaciones agrícolas ya no tenía importancia; sin embargo, Pachuca y Real del Monte se convirtieron en el mercado exclusivo para los productos de la región debido a que el estado crónico que guerra civil en México limitaba el comercio con el resto del país. Cuando las minas comenzaron a sentir la depresión en los últimos años de la década de los 20 y durante los años treinta, la tierra adquirió una importancia relativamente mayor.

   Los cambios económicos durante los primeros años del presente siglo en la hacienda y sus áreas circunvecinas produjeron nuevos problemas y descontentos que el paso del tiempo no tuvo oportunidad de resolver antes del estallido de la revolución. El cierre de las haciendas refinadoras y el establecimiento de la compañía eléctrica cambió el uso de la tierra y los patrones de empleo. Más aún, los cambios específicos que los Landero habían llevado a cabo en la organización social y económica de la hacienda habían privado a mucha gente de las tierras de arrendamiento, engendrando de este modo una hostilidad que contribuyó al movimiento de la Reforma Agraria.

   El 29 de julio de 1910, Guadalupe Anaya, administrador de San Juan, escribió a osé Landero, quien se encontraba vacacionando en Alemania “ha pasado mucho tiempo desde que recuerdo haber tenido un año tan magnífico como el presente”. Muchos observadores de México en 1910 hubieran compartido los mismos sentimientos. La celebración del Centenario de la Independencia de México había coronado una década de prosperidad económica y casi 35 años de estabilidad política bajo el régimen de Porfirio Díaz.

   Antes de que concluyera el año del aniversario, sin embargo, la paz “porfiriana” quedó interrumpida por el estallido de una revolución política bajo el liderazgo de Francisco I. Madero. Pronto siguió la caída de la dictadura de Díaz. En 1913, el gobierno de madero corrió la misma suerte, y siguieron casi diez años de una guerra civil intermitente y destructiva.

   Durante estos años de revolución, la paz en el campo solo podía ser impuesta por hombres poderosos en los intervalos en que los ejércitos revolucionarios estuviesen en otra parte.

   Siendo que la región de Huasca y de Hueyapan se encontraba bastante retiradas de las principales vías de transporte, el área se encontraba relativamente inmune de las depredaciones serias. 

 Según los registros, únicamente dos visitas hicieron las bandas revolucionarias a la hacienda y en ambas ocasiones, la bien organizada administración evitó daños serios. La primera ocasión, un ejército de maderistas tomó posesión del distrito de Pachuca y Tulancingo, incluyendo Huasca entre mayo 14 y 18 de 1911. Informados de que San Juan Hueyapan estaba en posesión de una gran cantidad de rifles, los maderistas amenazaron con tomar la hacienda a menos que fueran entregadas las armas. El administrador sugirió que se registrar la hacienda y los soldados encontraron únicamente un rifle (en lugar de los 440 denunciados) y algunas municiones. Tomaron las armas unto con cuatro caballos y dejaron un recibo. Las relaciones fueron amistosas. El social maderista entregó al lechero de la hacienda pases de salvoconducto para la carretera de Pachuca. Los soldados y los empleados compartieron una festiva tanda de cerveza. Cuando un grupo carrancista apareció posteriormente, los trabajadores de la hacienda se encontraban armados detrás de los muros. Después de las negociaciones y una contribución de animales y granos, el ejército se retiró sin dar batalla.

   Pachuca y Real de Monte compartían la libertad de San Juan contra una guerra abierta. Las huelgas y los disturbios que caracterizaron los años de 1910 y 1920 en otros distritos mineros, no hicieron progresos en la región de Pachuca. En las primeras señales de desorden los líderes de las huelgas eran fusilados. El único desorden en mayo de 1911, fue reprimido por los maderistas. Más aún, la abundante producción de las minas y la refinadora se transportaba a los Estados Unidos en un tren asegurado que corría directamente de Laredo a Pachuca, tripulado por personal norteamericano. La continua prosperidad de las minas de Pachuca y Real del Monte proporcionó un mercado para el producto de la hacienda y la región.

   Aunque la región escapó a los efectos económicos destructivos directos de la Revolución no fue inmune a la Reforma Agraria que siguió a la lucha por el poder. El programa de Reforma Agraria fue articulado por Andrés Molina Enríquez, Antonio Díaz Soto y Gama y Luis Cabrera. Este programa fue adoptado por las fuerzas de Emiliano Zapata, promulgado como ley por el gobierno de Carranza el 6 de enero de 1915, e incorporado dentro de la Constitución en 1917, y dio a los pueblos el derecho a solicitar tierras o porque ellos habían sido privados de esta o porque la necesitaban para sostener una vida independiente.

   Los dos focos principales de descontento en la región de Hueyapan -la aldea de Huesca y la ranchería llamada el Vite- hicieron solicitudes de tierra casi tan pronto como se promulgó la Reforma Agraria.

   La solicitud de tierra de Huasca, el 23 de marzo de 1916, la firmaban once residentes del pueblo. El esfuerzo inicial aquí como en la mayoría de los pueblos fue para que se restituyeran las tierras. La búsqueda en los archivos nacional no pudo proporcionar ninguna prueba de dicha aprobación. Por lo tanto, el 3 de noviembre de 1917, se presentó una segunda solicitud al departamento agrario que alegaba que el pueblo en una ocasión había recibido tierra del gobierno virreinal, aunque no hubiera prueba legal disponible; sin embargo, era urgente la necesidad que los residentes del pueblo tenían de tierras. Esta solicitud la firmaban 94 residentes. Luego siguieron las formalidades legales. La comisión agraria de Pachuca instruyó a los ciudadanos que eligieran un representante y levantaran un censo y prometieron enviar a un ingeniero para que determinara las necesidades del pueblo. El censo que se levantó en febrero de 1918, reveló un total de 961 habitantes. La Comisión Agraria pasó la mayor parte de 1918 levantando objeciones a los procedimientos y exigiendo una tipo diferente de censo, el cual se completó el 15 de octubre de 1918. Para junio de 1919, el ingeniero todavía no había sido enviado y se había pedido al pueblo que prometiera el pago por las tierras. No fue hasta 1921, que realmente apareció el ingeniero para tomar medidas e investigar las necesidades del pueblo. Aunque habían transcurrido cinco años desde la primera solicitud, no se concedió nada de tierras.

   Por cuanto a que los descontentos puramente locales motivaron a Huasca a solicitar tierra, los tempranos campos del siglo XX en la región pudieron haber ocasionado algo de preocupación a los aldeanos más articulados. El cierre de las plantas refinadoras había restado importancia a Huasca uy amenazaban con reducirla a un adjunto administrativo de las haciendas vecinas. La consolidación de las haciendas más pequeñas en los límites de Huasca, tales como San José de Ocotillos e Ixtual, que habían sido compradas por los Landero en 1917, junto con las compras de la familia Luna en la ranchería de Bermúdez, privó a los habitantes de Huasca el uso de algunas tierras de pastoreo y para cortar madera. Estas actividades tradicionalmente se habían combinado con la fábrica de teja y el transporte en mula pero este empleo había sido interrumpido por la Revolución. Además, en 1916 la antigua hacienda refinadora de San Antonio, junto con algunas hectáreas de tierras de los alrededores se había inundado por la presa que los Landero habían construido conjuntamente con la compañía eléctrica. El uso de la tierra por la aldea quedó interrumpido aún más.

(Continuará...)

Fuente:

Boortein Couturier, Edith. La hacienda de Hueyapan, 1550-1936. Sep Setentas. México, 1976, pp. 165-174.

De haciendas y hacendados en el Valle de Santiago, Gto. en el Porfiriato: El Laborío

   Nos seguimos nutriendo de información relativa a las haciendas de Valle de Santiago, estado de Guanajuato. Esta vez parte de un interesante texto que nos ubica en la región del antiguo Brazo de Moreno, antigua obra hidráulica del XVII que fue el detonador para que se convirtiera en la zona de mayor producción de todo el Bajío.

Los notables de Valle.

   El presente capítulo trata sobre la confrontación por el control de las instituciones políticas en el distrito de Valle de Santiago. A diferencia de lo observado en Allende, la confrontación por el control de las instituciones políticas en el distrito de Valle de Santiago asume la forma de una competencia entre “la figura más prominente” de la ciudad y un grupo de jóvenes que detonaron en la insurrección maderista la oportunidad de disputarle el poder.

   El distrito donde se desarrolló esta confrontación se halla situado al centro-sur de la región de El Bajío, formada por fértiles valles que comienzan al este en Apaseo y terminan la oeste de León. La fecundidad de sus suelos deriva de que están cubiertos por tierra negra de origen vegetal. Además esta zona cuenta con lluvias suficientes y con el agua de los ríos que, naciendo en las montañas del norte, corren hacia el sur a desembocar en el Lerma y riegan, junto con éste, las tierras abajeñas. Las principales actividades de Valle de Santiago eran la agricultura y la ganadería a las que se agregaba el comercio.

   El distrito estaba integrado por dos municipios. Valle de Santiago y Jaral. Durante el porfiriato, el dominio político del lugar había descansado alternadamente en manos de la gente influyente de uno y otro municipio.

  Entre 1873 y 1899 el caudillo del distrito había sido el general Francisco Franco, nació en la hacienda de Burras en Guanajuato, en 1830. A los 27 años inició su carrera militar como alférez en su estado natal. Participó entre los liberales en la batalla de Salamanca y luego combatió contra la intervención francesa en el Bajío. 

   En 1872 se le ascendió a general. Una vez instalado en Valle, aproximadamente en 1873, se dedicó a acumular dinero y poder, convirtiéndose así en un importante personaje de la política local. Ocupó la jefatura de Valle de Santiago durante veinte años (en tres ocasiones) en el periodo 1873-1899, a la vez fue comandante del regimiento del estado.

   En esos años un conjunto de negocios acertados lo llevaron a convertirse en hacendado; para ello, fue comprando terrenos, fracción tras fracción, hasta lograr obtener una propiedad entera.

   El general Franco compró tres haciendas con este procedimiento. Su adquisición más importante fue Villadiego, finca que contaba con merced de agua para 9.6 caballerías de tierra, o sea, unas 410 hectáreas. La hacienda se había dividido entre los herederos de Fortino González en 1875, en 1888 Franco había logrado reunir las 4 partes de la finca, 2 adquiridas a doña Guadalupe Noriega, otra a Ernesto Vallejo y otra a Francisco Arroyo.

   En 1899, el reparto de aguas de riego produjo un conflicto que ocasionó la renuncia de Franco a la jefatura política. A principios de marzo de dicho año, el gobernador Joaquín Obregón González “trae a nuestro seno… antiguos e irreconciliables pendientes a nuestros derechos; litigantes vencidos en juicio constantemente por nosotros”. Lo dicho por Franco hace pensar que se trataba de un conjunto de agricultores que desde tiempo atrás pugnaba por entrar al reparto de agua. Resultado plausible que en una región agrícola muy dinámica, surgieron constantemente interesados en obtener o aumentar su cota de agua. 

   Obregón se defenedió públicamente diciendo que los “verdaderos labradores” lo apoyaban. Pocos días después apareció en la prensa un comunicado firmado por numerosas personas entre quienes estaban varios agricultores y comerciantes, por ejemplo: Rafael Abascal, el doctor Pedro Hernández, Moisés R. González, y Crescencio Saavedra. Agradecían al gobernador us participación en la solución del conflicto, así como el nombramiento de Pedro González como jefe político de Valle. Con no poca ironía señalaban que ya hacía falta que Franco renunciara, pues seguramente estaba muy cansado, luego de 20 años de ocupar el puesto.

   El grupo que suplantó al general Franco mantuvo una presencia constante en el ayuntamiento entre 19000 y 1911. Durante este periodo tuvieron casi permanente mente en sus manos el cargo de regidor primero, el principal puesto del cuerpo municipal. Crescencio Saavedra lo ocupó en 1900, Eduardo Guerrero en 1901, Heliodoro Cortés en 1902 y 1903, Crescencio Saavedra nuevamente en 1905 y desde 1907 fue ocupado por Fidencio Hernández, un caudillo regional.

 Contaban con unas de esas personalidades fuertes  que gozaban de una gran autoridad en su medio, y estaba integrado a una sólida red de relaciones familiares, profesionales y económicas. Su poder para repartir prebendas y brindar protección hacía que lo siguiera gran cantidad de personas, tanto de la clase acomodada como de los ranchos y pueblos. En efecto, don Fidencio reunía varios cargos que lo hacían poderoso. Como acabamos de mencionar, era regidor primero del municipio. En calidad de dueño de la hacienda de Terán era presidente de El Laborío. Esta era una sociedad formada por los agricultores para decidir sobre el reparto de aguas de riego. 

   El Laborío era una institución muy antigua. Desde sus orígenes, a principios del siglo XVII, fue dividida en 3 padrones, situación que se mantenía en 1911. El desarrollo de la riqueza agrícola de Valle de Santiago está indisolublemente ligados a la existencia de un sistema de riego de los más importantes de México. Las fuentes acuíferas del mismo eran el río Lerma y la laguna de Yuriria. Dado el peso que la agricultura tenía en la zona, la administración del riego convertía al presidente del Laborío en la figura más importante del distrito.

  Igual que en otras regiones del estado de Guanajuato la insurrección maderista había agitado la escena política local. El 22 de febrero de 1911 se reunieron en la sala de acuerdos del ayuntamiento de Valle de Santiago los agricultores del lugar.

   El jefe político del distrito, Juan José Rocha, los convocó para proponerles la organización de un cuerpo rural a fin de garantizar la seguridad de las fincas rústicas y de la ciudad. Tal proposición (según el propio Rocha) se justificaba por “la anipatriótica rebelión que había aparecido en algunos puntos de la República y que en la localidad podía servir de pretexto para el pillaje”. La idea fue aceptada con entusiasmo por los presentes. Respecto a la distribución de los gastos, se acordó que cada finca equipara y sostuviera a un hombre (con la aclaración de que las fincas más pequeñas se reunieran en grupos de dos o más para sostener un soldado). A fin de organizar la fuerza rural, que quedaría a las órdenes del jefe político; los agricultores nombraron una comisión integrada por José Isusi, Armando olivares, Manuel Gutiérrez y el licenciado Fidencio Hernández.

   En la junta estaba presente el hijo mayor del finado general Franco, también llamado Francisco, quien tenía a su cargo la administración de los bienes familiares en su carácter de albacea de la herencia. Igual que su padre, era un empresario agrícola de ideología liberal. No obstante su asistencia a la reunión, éste no integró la comisión organizadora de la fuerza rural de Valle. Su participación de la política distrital tonaría forma dentro de otro grupo asentado en la cabecera del municipio de Jaral. Las ambiciones políticas de los integrantes de este grupo, abrigaban intenciones que habrían un nuevo capítulo en la disputa entre jaral y Valle de Santiago por la jefatura política del distrito. Reeeditándose aquella vieja confrontación en la que el padre de Franco acabó siendo desplazado por el grupo de Fidencio Hernández. 

Fuente.

Mónica Blanco. Revolución y contienda política en Guanajuato 1909-1913. El Colegio de México. México, 1995, pp. 71-76 (Para leer el texto completo, entra aquí.)

Los principales "Anti" héroes mexicanos

  El tema de esos personajes de la historia que son los más despreciados, incluso odiados por algunos, los que podemos calificar como antihéroes, especialmente ahora que de los "Cuentos" aquellos que comprábamos en los puestos de los portales o cercanos al kiosco de la plaza principal de la ciudad, pasaron a ser, luego de tres décadas, denominados como "Cómic", poco tiempo después se volvieron películas y se convirtieron la mayoría de ellas en éxitos de taquilla. Es en todas esas publicaciones que hay el "Antihéroe", el antagónico que debe existir en todo buen relato de novela escrita u obra de teatro para llevar el justo equilibrio de la trama. Y no es por justicia ni por equitatividad que en la Historia de México hemos ido creando estos personajes calificados como "nefastos", más bien se han creado por desconocimento de sus acciones y, sobre todo, falta de información de la época en que vivieron y todo el entorno, su cotidianidad y la vida que se vivía en ese momento.

El elenco de Antihéroes es grande, no nos iremos con lupa a escudriñar la larga historia nacional, solamente anotamos los que por obvias razones son los más conocidos. Seguramente en la época prehispánica hubo algún personaje que podríamos incluir en la lista de los "Anti", pero no me viene a la cabeza ninguno. En la siguiente etapa, la Virreinal, está sin lugar a dudas Hernán Cortés, bien podríamos incluir ahí a Nuño de Guzmán, Pedro de Alvarado y tantos otros más; pero solamente nos hemos engalanado con colocar en la cúspide de los "Anti" al Conquistador de México. Hay un interesantísimo ensayo al respecto en la revista Letras Libres, lo puedes leer aquí. 

  Los Antihéroes de la Guerra de Independencia son muchos, y al que se le colocó con esa villanía fue, sin lugar a dudas a Agustín de Iturbide. En la revista Nexos de septiembre 2002 hay un artículo que lo define así: "... para 1824 iturbide era el primer traidor absoluto de la historia nacional, uno de esos villanos indispensables para las historias patrias". (Leer completo el artículo.)

  En los tiempos de total inestabilidad política que abarca las décadas del treinta y cuarenta del siglo XIX, fue a un personaje al que siempre recurrieron para que encabezara el poder, elecciones propiamente nunca las hubo y él nunca tomó por la fuerza la silla presidencial, siempre se la ofrecieron y la aceptó once veces. El Antihéroe por excelencia es, sin lugar a dudas, Antonio López de Santa Anna.

  Maximiliano de Habsburgo llegó a México engañado y con muchas ilusiones, su Imperio duró tan solo tres años y acabó mal, fue fusilado. Se le catalogó como "invasor", razón suficiente para entrar en la lista de los "Anti", sin embargo, gracias a él, es que buena parte de la historia nacional fue recuperada y, además, hubo los primeros indicios para entrar en la modernidad.

  El final del siglo XIX y la primera década del XX el poder lo tuvo en sus manos Porfirio Díaz, tres décadas duró su mandato gracias a las reelecciones hasta que llegó aquello del "Sufragio efectivo, no reelección". Exiliado en Francia, allá murió y pasó, prácticamente desde que abordó el Ipiranga, al grupo de los "Antihéroes mexicanos". Luego comenzaría el periodo de la Revolución y desde entonces la lista a crecido enormemente, pero, al estar tan cerca ese tiempo de nuestro tiempo, aun no se ha institucionalizado la lista de los Antihéroes mexicanos del siglo XX, ni que decir de los del XXI.

  Sobre Porfirio Díaz hay un excelente ensayo, en el mismo número de Letras Libres, lo puedes leer aquí.

La Plaza de la Soberana Convención de Aguascalientes en la noche

   Dentro de los tantos Bicentenarios y Centenarios que hemos vivido en los últimos años, uno de ellos fue el 2014 cuando se celebró el centenario de la Soberana Convención, a consecuencia de ello se creó un espacio por demás interesante en ambos costados del Teatro Morelos, sitio en el que ocurrió la tal Convención y que, luego de la debida adecuación de los espacios surgió esto que ahora vemos en las imágenes siguientes: