El reparto agrario en la Hacienda de San Juan Hueyapan, Hidalgo

    En un artículo anterior compartí el texto de Edith Boortein Couturier en el que plantea con el sugerente título La hacienda como víctima de la Revolución, el caso del reparto agrario en la hacienda de San Juan Bautista Hueyapan, en el estado de Hidalgo; esta vez, dando continuidad a lo que seguramente ya leíste, lo que fue la década de los años veinte del siglo XX, una vez implementado el reparto en esa región:

   Con respecto al segundo foco de descontento en la región, el Vite, la razón de su primera solicitud para obtener tierras que geográfica más que industrial. Al igual que Huasca, los cambios recientes habían agravado al problema. El Vite y su aldea hermana, San Sebastián, se hallaban localizadas en la barranca que era parte del sistema fluvial del río Meztitilán y tanto geográfica como climatológicamente eran distintas del valle de Hueyapan. Si las aldeas eran entidades separadas que merecían estatus político o si eran consideradas rancherías había sido durante mucho tiempo un punto de conflicto entre los habitantes y los hacendados.

   San Juan Hueyapan, durante los tempranos periodos de centralización, habían logrado controlar la zona de las barrancas. Con la centralización de San Juan bajo los Landero, el Vite se puso bajo control de la hacienda, aunque el control económico y la aplicación de la ley continuaron ocasionando serios problemas. Desde 1907 un administrador se lamentaba de que no sabía qué hacer “con la gente que vivía tan cerca de las barrancas y tan aislada de la hacienda”. Los arrendatarios y medieros de El Vite acusaron de cuando menos un asesinato, un daño e innumerables desapariciones de ganado, a una familia de nombre Fernández. En un esfuerzo por controlar el área, la hacienda designó un representante en El Vite. Posteriormente se introdujo el sistema de estancia y la tierra se rentó a Espiridión Yáñez, un pequeño propietario de la región. Algunos miembros de la familia Fernández fueron desalojados de El Vite mediante su arresto; otros desalojaron cuando la medianería fue sustituida por la renta de la tierra.

   Con amenaza de reforma agraria, los Landero tomaron medidas más eficaces. Antonio Perales y Ángel Fernández, dos de los miembros que quedaban en la comunidad de El Vite fueron arrestados por las autoridades de la hacienda en 1917 por robar aguamiel, el extracto del cacto que se utiliza en el pulque. Ellos negaron el cargo. Sus vecinos solicitaron al gobierno que reparara el agrario y que les concediera tierras la reacción de Landeros fue brusca. Mandó destruir las casas de El Vite en un intento por demostrar que no era la aldea; expulsó a algunos residentes de la ranchería y dispersó a los demás cediendo la propiedad a su hermana Luz L. de Arozamena. A pesar de que un ingeniero recomendó que se otorgara a El Vite el status de pueblo y que se le concediera tierras, el gobierno rechazó la petición y fue temporalmente clausurada. 

   Los primeros dos esfuerzos tentativos de reforma agraria en la región de Hueyapan no tuvieron ningún resultado. Por una combinación de inercia por parte de la comisión Agraria del Estado en el caso de Huasca y mediante la intervención del gobernador del estado para proteger los intereses de Landero en el caso de El Vite, no se distribuyó nada de tierra ante de 1920. Sin embargo, estos acontecimientos no fueron insólitos, ya que solo 180,000 hectáreas de tierra fueron repartidas a 30,000 individuos en todo México en los años anteriores a 1920.

   La reforma agraria durante los años veinte se vio afectada por las vicisitudes políticas tanto a nivel local como nacional. Algunas administraciones pusieron énfasis sobre el asunto y patrocinaron la legislación para simplificar los procedimientos y estimular a las aldeas a que solicitaran tierra. El gobierno nacional durante la época trataba todavía de ejercer un poder político estable, así como el control de la administración regional. La Reforma Agraria era un programa en torno al cual se podía alcanzar un grado de consolidación. Alentados por un gobierno permisivo, impedidos por el declinamiento de la producción minera, y presionados por una creciente población, difícilmente existía un agrupamiento de gente en la región de Hueyapan que no hubiera solicitado tierra antes de 1930

   La reacción de Pepe Landero a la crisis fue interesante y astuta. Desde 1918, cuando se registró la primera solicitud en Pachuca, el vendió las partes de tierra que podían ser afectadas por la reforma. En 1925 y 1926, registró los documentos adecuados en Atotonilco el Grande y Huasca, indicando que había subdividido toda su propiedad, evitando de este modo las expropiaciones a gran escala. Las principales beneficiarias de esta venta ficticia fueron sus hermanos, sobrina y amistades de la familia. La mayor parte de San Juan Hueyapan, por lo tanto, continuó operando como una unidad, con un solo administrador y con procedimientos unificados de mercadotecnia. Aquellas áreas que con seguridad iban a ser afectadas, o las traspasó a los pueblos o las vendió a los pequeños propietarios vecinos, quienes posteriormente cargaron con el embate más fuerte del movimiento de la reforma. El prometió dar tierra a los residentes de la hacienda si estos no se unían a los ejidos. Finalmente tomó ventaja de las leyes favorables de colonización para establecer en la hacienda a un grupo de campesinos inmigrantes germanos. Desafortunadamente, pago a los alemanes el mismo jornal que se acostumbraba pagar a los peones mexicanos, y al cabo de algunos meses, todos, menos uno habían partido. Este hecho no evitó que Landero alegara la exención de las leyes de reforma en base de su esquema de colonización.

   Aunque Pepe Landero pudo postergar su crisis, los tenedores de propiedades más pequeñas en la región no tuvieron tanto éxito. En 1925, dos terratenientes menores se vieron obligados a entregar casi 600 hectáreas al pueblo de Huasca. La pérdida fue seria, puesto que ninguno de ellos poseía más de 1,000 hectáreas. La forma como huasca recibió esta tierra se hallaba en conformidad con el patrón general del país. En 1925 se procesaron y completaron más solicitudes que en ningún año anterior, y las tierras principalmente afectadas no fueron las grandes haciendas sino las propiedades que colindaban con los pueblos. 

   El vite también recibió posesión definitiva de 790 hectáreas de tierra durante los años veinte mediante los esfuerzos de la familia Fernández, y la hacienda de San Juan se vio afectada por esta concesión. El éxito de la familia Fernández en la obtención de un ejido para el Vite, que se encontraba totalmente circunscrito dentro de las tierras de la hacienda, solo puede ser explicado por su obstinación: sentían rencor contra Pepe Landero. Esto y su interés en explotar la tierra para su propio beneficio, condujo, en 1927, a la posesión provisional del ejido.

   El pueblo de Acatlán, encabezado por miembros de la familia Olvera, hizo su primera solicitud de tierras en 1926. En vista de que Acatlán poseía ya 2,571 hectáreas, incluyendo San Dionisio (que había sido disputado con San Jun Hueyapan a lo largo del siglo XVIII) y siendo que su población permaneció relativamente estática y se vio menos afectada por la declinación en la producción minera, esta solicitud fue relativamente tardía. La solicitud fue procesada en 1928 y en 1929 Acatlán recibió 1,270 hectáreas de tierra, en gran parte de propiedades que pertenecían a José Landero, aunque él no admitiera que las tierras fueran suyas. Es importante advertir, sin embargo, que las fracciones de tierra tomadas de San Juan y de Cuyamaloya para ser entregadas a Acatlán, siempre habían sido trabajadas marginalmente, es decir, se habían rentado o utilizado para pastoreo.

Acatlán recibió tierra en 1929 principalmente debido a que en ese año se repartió más tierra a los ejidos que en ningún otro año anterior. Por cierto, este año fue el de más repartos hasta la época de Cárdenas. La actividad se volvió contagiosa. Aun las rancherías relativamente aisladas de la región hicieron solicitudes para obtener tierras. En 1929 las solicitudes de los acasillados en las rancherías del valle de Hueyapan comenzaron a llegar a Pachuca. Agua Zarca y Santo Domingo, por ejemplo, organizados por una de las familias más ricas, los Villegas (quienes eran arrendatario y medieros), solicitaron tierras.

   A pesar de las cuarteaduras en la estructura social y económica, la hacienda se conservaba casi intacta al final de los años veinte. Se había hecho frente al sistema de ejido quedando éste temporalmente diferido.

Fuente:

Boortein Couturier, Edith. La hacienda de Hueyapan, 1550-1936. Sep Setentas. SEP. México, 1976, pp. 174-181.