Ya una vez había compartido una breve nota en la que la doctora Van Wobeser da una explicación sobre la Consolidación de los Vales Reales; ahora retomamos el tema pero en voz (más bien letras) de otra doctora, Doris M. Ladd que en su libro sobre la nobleza mexicana desarrolla cabalmente y es de ahí que extraigo estas páginas que nos hacen entender mejor aun el tema de la Consolidación:
España intentaba que la consolidación únicamente amortizara la deuda nacional. No la creó con el único fin de “espulgar a los colonizadores”. A fin de financiar las guerras extranjeras los borbones habían creado nueve juegos de bonos de gobierno llamados Vales Reales, cuyos intereses se acumulaban a razón de 0.25% al año. En nueva España, tanto los nobles como las corporaciones habían respondido generosamente a la petición de que s compraran dichos bonos y se había recolectado una gran cantidad de vales. Sin embargo, cuando los nobles intentaron aplicarlos para pagar sus impuestos, la corona se rehusó categóricamente y les exigió dinero en efectivo.
El decreto de consolidación fue promulgado en España en 1798. Indicaba a la Iglesia española que vendiera la propiedad que poseía y diera los fondos como un préstamo a la corona. Esta prometía, en cambio, un interés anual de 3% asegurado por un gravamen sobre todas las entradas reales y la aplicación de los fondos para amortizar dichos vales reales. España había formulado cuatro hipótesis básicas: 1.- los fondos píos consistían en tierras; 2.- los ansiosos rancheros podían adquirir estas tierras; 3.- la actividad económica estaba financiada por la iniciativa privada laica; y 4.- únicamente un pequeño porcentaje de fondos píos consistía en censos y depósitos.
Ninguna de las hipótesis españolas eran reales para Nueva España. Cuando se proclamó la consolidación, en diciembre de 1804, en efecto había apelado a cada hipoteca en México. Los fondos píos y las capellanías no consistían en tierras, sino en cantidades de capital invertido en ellas. Para convertir estos gravámenes en cantidades que la tesorería podía expropiar, la composición tenía que ser negociada en cada diócesis. Pero el peso del pago no recaía únicamente en los administradores eclesiásticos sino también en los propietarios; el defensor tenía que proveer a los testigos, las copias legalizadas de los títulos y una gran cantidad de duplicados de papeles legales. Abad y Queipo estimaba que costaría a los particulares un millón de pesos completar el papeleo necesario para cumplir con la ley.
Los nobles fueron duramente afectados. Participaban en los complejos créditos de la iglesia de tres maneras: como benefactores-fundadores de fondos píos y capellanías, como firmantes y como deudores. Además, casi todos ellos tenían propiedades dispersas a lo largo y ancho del virreinato, lo que significaba que ellos y sus representantes tenían que aparecer varias veces en distintas cortes de provincia. Las fortunas y los futuros de los hombres más ricos y poderosos se veían repentinamente amenazados con el desastre. Lo que antes debían den forma de documento ahora lo debían en efectivo.
Los números muestran la cantidad de propiedades que fueron afectadas por la consolidación. Domínguez –por el gremio de mineros- estimaba que eran 50 millones de pesos; la mitad bajo la forma de censos, la otra mitad en propiedades. En obispo de Michoacán declaraba que el total eran 44.5 millones de pesos, o dos tercios de todo el capital de la Nueva España. Únicamente en la ciudad de México, la iglesia administraba unos 7 millones de pesos en fondos píos. En Aguascalientes, las mayores propiedades estaban hipotecadas por estos fondos. Por lo menos dos tercios de toda la propiedad urbana en la ciudad de México estaba hipotecada a conventos y monasterios. Abad y Queipo estimaba que entre 10 mil y 12 mil haciendas y ranchos del virreinato pertenecían a particulares. De estos, la mitad podría conservar su tierra, pero tendrían que liquidar muchos de los privilegios y cortar sus fondos operables a fin de poder cumplir con sus obligaciones. La otra mitad, es decir, unos cinco o seis mil hacendados y rancheros tendrían que vender sus tierras.
La cantidad exacta que lo que debían las particulares tan solo puede conjeturarse en tanto que estudios más concienzudos aporten mayores datos. Según parece, entre los nobles, el marqués de aguayo era el que estaba más seriamente comprometido, pues se le hicieron cargos por 460 mil pesos. De los comerciantes, el más afectado que Gabriel de Yermo, quien se vio forzado a renunciar como abastecedor de la ciudad de México porque le debía a la consolidación unos 180 mil pesos.
Fuente:
Ladd, Doris. La nobleza mexicana en la época de la Independencia, 1780-1826. FCE. México, 1984. pp. 142-145
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